Bahar es un joven belga de origen turco o un joven turco con ciudadanía belga.
Acusan a Bahar de ser miembro de la organización revolucionaria armada turca DHKP-C (antes Dev Sol). Prueba de ello: una intervención suya ante el Parlamento Europeo en defensa de los presos de esta organización, la traducción de un texto..., pero sobre todo una incansable actividad de solidaridad y de organización en los medios del exilio económico y político turco en Bélgica. A Bahar se le acusa de haber montado con otros un campo de entrenamiento terrorista en Spa: el campo consistía en un centro de vacaciones para hijos de exilados donde se hacía comida turca, se daban clases de danzas y de folklore etc., había poca actividad política y ninguna actividad armada.
Valiéndose de la legislación antiterrorista europea, Bahar fue detenido en los Países Bajos acusado de ser militante de DHKP-C. Tras una fuerte campaña de solidaridad desde Bélgica, salió absuelto. Según el juez neerlandés, no podía ser juzgado ni condenado por actos que en los Países Bajos no constituyen delito. De regreso a Bélgica sigue hasta hoy la persecución. Sólo su ciudadanía belga le ha librado de ser deportado “discretamente” a Turquía para ser “interrogado” por la brutal policía del régimen militar apenas encubierto que controla aquel país. Después de una auténtica guerra sucia judicial, se enfrentará el 8 de noviembre a un tribunal de Amberes que dictará sentencia firme sobre su caso.
Las perspectivas son poco optimistas, pues la base del proceso es un sumario basado en informaciones de los servicios secretos turcos y no comprobadas por las autoridades belgas, las cuales han permitido además al Estado turco ser acusación particular en el proceso.
Bahar puede convertirse el día 8 en un preso político exclusivamente por un “delito” de opinión. El paralelismo con la situación que se conoce en el Estado español es pasmoso. El mismo desprecio por el derecho y las garantías judiciales se encuentra en este proceso y en la trama judicial organizada contra la izquierda abertzale. Es indispensable que estas situaciones se conozcan fuera de las fronteras de cada Estado. La represión contra los movimientos de resistencia tiene hoy un alcance europeo e incluso mundial, pero la información sobre sus efectos circula -poco y mal- exclusivamente dentro de cada Estado. Todo esto favorece la criminalización de la resistencia a la vez que impide una respuesta articulada al nivel adecuado.
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